En una nueva entrega de ‘Gossip’, Leo Arias y Anamá Ferreira mantuvieron una charla exclusiva con el abogado Álvaro Núñez, representante legal de Jenny Mavinga y su familia, para profundizar en la denuncia penal iniciada contra Carmiña Masi. Más allá de la drástica decisión que tomó la producción de Telefe de expulsar a la participante de manera inmediata tras la viralización de sus comentarios, el entorno de la jugadora africana decidió llevar el conflicto a la justicia.
Según explicó el letrado en la pantalla de Net TV, el proceso judicial busca que las palabras de la mediática tengan consecuencias legales reales, especialmente por la carga histórica y el odio que representaron sus declaraciones dentro de la casa.
Durante la entrevista, Núñez fue sumamente crítico con el descargo que realizó Masi al salir del programa, calificándolo de inaceptable debido a que la concursante intentó minimizar sus ataques bajo el pretexto de que se trataba de un “chiste”. El abogado remarcó que, en términos jurídicos, el humor deja de ser tal cuando se transforma en la comisión de un delito penado por la ley de discriminación. “En ningún momento pidió disculpas reales y lo que dijo fue una atrocidad; cuando el supuesto chiste termina en un agravio que menoscaba la dignidad, estamos ante un hecho que la justicia debe sancionar para marcar un límite claro”, sentenció el profesional.
Para darle dimensión a la gravedad del asunto, el representante legal realizó un ejercicio de derecho comparado y explicó cómo se actuaría en otros países de la región ante un episodio de racismo en televisión abierta. Núñez señaló que en Brasil, por ejemplo, la policía habría ingresado directamente a la casa de ‘Gran Hermano’ para retirar a la participante por la fuerza, citando casos paradigmáticos recientes que han sentado precedentes regionales. Según su visión, en Argentina todavía no se ha tomado real dimensión de lo que significó el ataque, remarcando que la esclavitud fue abolida hace más de dos siglos y que referirse a una persona como “recién comprada y bajada del barco” es un retroceso civilizatorio intolerable.
La estrategia de la querella se apoya en que estas situaciones no deben ser vistas meramente como un conflicto de convivencia televisiva, sino como actos que vulneran derechos humanos fundamentales. El defensor insistió en que la familia de Mavinga está profundamente afectada y que la denuncia penal es el camino necesario para que se deje de naturalizar el discurso de odio en los medios masivos de comunicación.