La administración de Javier Milei avanzó en una nueva etapa de su política de reordenamiento del sistema sanitario al dar de baja el registro de tres empresas de medicina prepaga que contaban con autorizaciones provisorias, pero que no registraban afiliados activos. La información fue difundida por el periodista Elián López Causero en el “Resumen de noticias” del programa Modo Fontevecchia y confirmada por resoluciones de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
Las entidades alcanzadas por la medida son Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A. y la Obra Social de Personal Aeronáutico. Según explicó el organismo regulador, el rechazo definitivo del registro se fundamenta en que ninguna de las tres cumplía con un requisito básico para operar dentro del sistema: contar con afiliados efectivos. La falta de beneficiarios tornaba inviable su funcionamiento real y las mantenía como estructuras formales sin actividad concreta.
Desde el Gobierno señalan que la decisión se enmarca en un proceso más amplio de depuración y ordenamiento del sistema de salud, una de las políticas de Estado que La Libertad Avanza viene impulsando desde el inicio de la gestión. El objetivo oficial es reducir distorsiones, eliminar figuras jurídicas sin respaldo operativo y transparentar el funcionamiento de un sector históricamente atravesado por superposiciones normativas, privilegios regulatorios y controles laxos.
Uno de los casos que despertó mayor atención fue el de Sancor Medicina Privada S.A.: se trata de una antigua división del Grupo Sancor, distinta de la Asociación Mutual Sancor Salud, que actualmente concentra la oferta del grupo en materia de medicina privada y sí cuenta con una amplia cartera de afiliados en todo el país. La empresa dada de baja había quedado como una estructura residual, sin actividad comercial ni usuarios, lo que terminó sellando su exclusión del registro oficial.
Mirá la primera parte de Modo Fontevecchia del 13/01/2026 acá:
En el caso de Staff Médico S.A. y de la Obra Social de Personal Aeronáutico, la situación era similar: ambas contaban con permisos provisorios otorgados en el pasado, pero no lograron —o no intentaron— consolidar una base de afiliados que justificara su permanencia en el sistema. Para la Superintendencia, mantener habilitaciones de este tipo solo contribuía a la opacidad del mercado y a la proliferación de “sellos” sin prestación efectiva de servicios.
Fuentes oficiales remarcan que la medida no afecta a usuarios ni genera interrupciones en coberturas médicas, precisamente porque las entidades rechazadas no tenían afiliados registrados. En ese sentido, el Gobierno busca diferenciar este tipo de resoluciones administrativas de otras decisiones más sensibles vinculadas a aumentos de cuotas, desregulación de precios o cambios en los planes de cobertura, que sí impactan de manera directa en millones de personas.
El reordenamiento del sistema de salud aparece, así, como una de las áreas donde la gestión Milei intenta imprimir su sello: menos intermediación, mayor control formal y una lógica de mercado más estricta en cuanto a la viabilidad real de los actores que participan. La baja de estas tres prepagas sin afiliados funciona como una señal hacia el resto del sector y anticipa que el proceso de revisión de registros y habilitaciones continuará en los próximos meses.