Si bien el juicio político figura en la Constitución Nacional en sus artículos 53 y 59 y es una de las herramientas legales para juzgar el mal desempeño de los jueces; Andrés Rosler afirma que “para que tenga lugar un juicio tiene que haber ciertas reglas, formas, que le dan cierta incertidumbre al resultado. Una vez que uno aplica esas reglas, respeta esas formas, recién ahí se entera de quién es acusado o culpable en un juicio penal, o por ejemplo, quién tiene que ser destituido en un juicio político”.
Según Rosler, “la manera en que se está encarando este juicio político, las críticas incluso a la defensa de los jueces de la Corte, sugieren que este es un juicio en el cual no puede haber defensa. Este es un juicio en el cual uno ya sabe quién es inocente, quién es culpable, quién debe ser destituido”.
Martín Farrel explicó que una de las causas por las que se pide el juicio político se debe a la derogación de la ley que reformó el Consejo de la Magistratura en 1994. “El Consejo de la Magistratura fue una idea muy bien intencionada” que “no dio los resultados que se esperaba porque se politizó algo que en un momento estaba concentrado en la Corte. Como poder independiente, era bueno que la Corte dirigiera el Poder Judicial”.
Esta politización llevó a que no se lograra un acuerdo acerca de cómo debía integrarse el Consejo y se produjera un desequilibrio. “La última ley del Consejo de la Magistratura, la Corte la juzgó razonablemente y de modo correcto, desequilibrada” agrega Farrel.
El jurista añade que la Corte le dio al Congreso seis meses para que hiciera una nueva ley que respetara ese equilibrio. Como los legisladores no lo hicieron, el máximo tribunal decidió declarar esa ley inconstitucional y poner en vigencia la ley anterior. Esta medida es la que genera el pedido de juicio político.
Farrel sostiene que considerar “ese fallo sobre el Consejo de la Magistratura como una causal de enjuiciamiento, es un error” porque la Corte decidió que “vamos a mantener en funcionamiento la ley anterior, que era considerada constitucional solo hasta que se pronuncie el Congreso”.