Los aumentos en los servicios de luz y gas son el tema del día: se supone que a penas un 10 por ciento de todos los hogares de la Argentina pagarán “tarifa plena” (según lo considere el gobierno de Alberto Fernández), es decir, sin ningún tipo de subsidio. Respecto de la “tarifa social”, hay un 21 por ciento, de estimación preliminar.
El jueves, se decidió esta medida que aún no tiene información certera puesto que terminará de confirmarse cuando los ciudadanos o consumidores de los servicios, incluidos aquellos que pagan la tarifa social, también se registren de forma oficial y puedan acceder al descuento. Trascendió en las últimas horas que hay gran temor de aplicar la quita de subsidio en casos donde no se podría y hay muchas bases de datos incompletas.
El estado argentino cuenta con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), organismo que nuclea base de datos nacionales y provinciales: desde patrimonio, provisión de servicios, acceso a distintas prestaciones, etc. A partir de ahí, se sacan las características de distintos estamentos de la población.
En breve, el gobierno habilitará una página web para que los usuarios hagan una declaración jurada de su Registro de Acceso al Subsidio Energético (RASE): cuando la Secretaría de Energía ponga la página a disposición, todas aquellas personas a las que les corresponda el subsidio, deberán ingresar y completar los datos.
De esa forma, el estado hará un entrecruzamiento de información y así creará un Registro Único de Titulares de Servicio Público Esencial (RENUT): su función será controlar a quienes se anoten en el RASE con ese registro de usuarios públicos. Seguidamente, analizará a quién le corresponde seguir o no con el beneficio del descuento en la boleta de luz y gas.