Alberto Fernández levantó la obligación de “confidencialidad” para que Mauricio Macri y Oscar Aguad puedan declarar ante la titular de la AFI Graciela Camaño, quien también fue liberada de mantener el secreto estatal referido a cuestiones de inteligencia.
La medida se hizo oficial a través del decreto 762/2021 y tiene como objetivo, que siete testigos declaren ante el juez federal de Dolores Martín Brava, en línea con la denuncia realizada por los familiares de los miembros del submarino, por espionaje ilegal.
Aparentemente, este decreto habría sido pedido por el mismo juez, quien explicó que este relevamiento es “en atención a lo solicitado por la defensa del imputado ingeniero Mauricio Macri en su presentación escrita” que fue entregada el pasado 3 de noviembre.
En sus consideraciones, el magistrado aclara que “se investiga la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a actividades de inteligencia prohibidas por la ley, y no a actividades o información que haya sido necesario clasificar en interés de la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la Nación”.