Alberto Fernández se reunió ayer con gobernadores e intendentes de todo el país, para organizar la fiscalización del acuerdo de precios que se gestó en las últimas semanas. A través del decreto 745/2021, se le otorgó a las provincias y los municipios la potestad para controlar que éste se lleve a cabo.
En el mismo se informa que las autoridades provinciales “ajustarán al procedimiento y las acciones previstas en los artículos 10 y 12 de la Ley 20.680 de Abastecimiento” y podrán clausurar hasta por tres días los comercios que no tengan los precios correspondientes.
Este acuerdo realizado con importantes empresas de alimentos establece que los precios de 1432 productos se retrotraigan al 1ro de octubre último, hasta el 7 de enero de 2022.
La Ley de Abastecimiento aclara en el artículo 10, que lo funcionarios podrán requerir ayuda de la fuerza pública, allanar en días hábiles, secuestrar actas y otras pruebas que demuestren las infracciones.