Luego de que el presidente dijera en una entrevista televisiva “Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga algo así”, Patricia Bullrich presentó una denuncia penal en donde lo acusa de los delitos de sedición, amenazas calificadas, violación de los deberes de funcionario público, instigación a cometer delitos e intimidación pública”.
En el escrito de catorce páginas, Bullrich y los diputados de Juntos por el Cambio extendieron la denuncia a Cristina Fernández de Kirchner; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof ; el dirigente social Luis D’Elía y la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
Bullrich señala en su presentación que hay “un plan de impunidad respecto a los delitos de corrupción cometidos entre 2003 y 2015” y que el mismo queda en evidencia por “las amenazas a jueces y fiscales, los indultos y la destrucción institucional de la justicia”.
La denuncia sostiene que las últimas declaraciones de Alberto Fernández “dieron marco al plan de impunidad comenzado, inclusive antes de la asunción del mando y promovido durante estos años, llegando en estas circunstancias del alegato del fiscal a un nivel de violencia verbal y amenazas que cierran el círculo del Plan de impunidad denunciando”.
El escrito presentado ante la Justicia concluye que los actos denunciados “conforman claramente el delito de sedición contemplado en el art. 22 de la Constitución Nacional, tendiente a apañar hechos que el mismo texto constitucional califica como de traición a la patria (art. 36) y violan los compromisos asumidos por el país en las convenciones de Naciones Unidas e Interamericana contra la corrupción”.