El regreso de Ana Rosenfeld a la pantalla de Net TV no pasó inadvertido para la agenda judicial de la farándula. Tras el levantamiento de la feria judicial, la abogada retomó la representación de Wanda Nara en los institutos de familia y se pronunció sobre la polémica que rodea a Mauro Icardi. Rosenfeld fue tajante al responder a las omisiones mediáticas de la defensora del futbolista, Elba Marcovecchio, y confirmó que existe un reclamo formal por falta de pago. “Lo que no voy a permitir es que se tergiverse la información; me limité a decir hechos puntuales como que hay una deuda de alimentos y eso es notorio”, sentenció la letrada.
Durante su descargo, Rosenfeld enfatizó que los derechos de los menores deben estar por encima de cualquier disputa mediática entre los progenitores. Si bien aclaró que existe una medida cautelar para proteger la intimidad de los hijos de la pareja, subrayó que el cumplimiento de la cuota fijada por el juez es innegociable. “Los alimentos de los chicos son sagrados, hay que cumplirlos, no importa si son provisorios o definitivos”, expresó, recordando que estos valores fueron establecidos durante su gestión profesional y continúan vigentes, desmintiendo cualquier versión que intente suavizar la situación procesal del delantero.
La abogada también aprovechó su espacio para desarticular los rumores que indicaban que Wanda se resistía al divorcio y reveló que fue el propio Icardi quien frenó los trámites iniciales en busca de una conciliación que finalmente no prosperó.
Según la conductora, si el futbolista tuviera una voluntad real de disolver el vínculo, podría haber iniciado el proceso en la República Argentina para agilizar los tiempos. “Las personas que se quieren divorciar no entiendo por qué hacen el trámite largo”, cuestionó, dejando en claro que la estrategia de la otra parte parece estar orientada a dilatar las resoluciones legales.
Un punto clave del conflicto radica en la compensación económica millonaria que se disputa en tribunales europeos, en donde la letrada explicó que la legislación argentina es muy clara al respecto: si no hay un “empobrecimiento alevoso” al salir del matrimonio, no corresponden las cifras astronómicas en euros que sí podrían reclamarse bajo la jurisdicción italiana. Esta diferencia sustancial en los marcos legales sería el motivo por el cual la causa se ha vuelto un complejo laberinto internacional, donde los activos y el patrimonio acumulado durante la vigencia de la sociedad conyugal están bajo una lupa microscópica.