En la última entrega de ‘Longobardi’, el periodista analizó las novedades judiciales que complican el entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de una investigación que pone bajo la lupa los bienes de su círculo íntimo. El fiscal federal Guillermo Marijuan abrió una causa penal e imputó formalmente a Francisco Adorni, hermano del funcionario nacional, actual diputado provincial de La Libertad Avanza y exintegrante del Ministerio de Defensa.
El expediente, que investiga los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, se inició tras una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y recayó en el Juzgado Federal Número 6, subrogado por Daniel Rafecas.
La denuncia de la legisladora advierte sobre severas inconsistencias en las declaraciones juradas del flamante legislador bonaerense, quien ingresó a la administración estatal de la mano de su hermano como titular de la Unidad de Auditoría Interna de Defensa, antes de ser promovido al Instituto de Ayuda Financiera para militares (IAF). Ante las sospechas de irregularidades, el fiscal Marijuan avanzó con celeridad y solicitó de manera formal el levantamiento del secreto fiscal y bancario del imputado. Asimismo, el representante del Ministerio Público libró órdenes para requerir informes detallados a más de 30 organismos públicos y entidades financieras.
El foco de la sospecha radica en la evolución patrimonial que Francisco declaró ante la Oficina Anticorrupción entre los períodos 2024 y 2025, donde sus bienes netos pasaron de poco más de 43 millones a 80.500.000 de pesos. En su presentación inicial, el funcionario consignaba la mitad de una vivienda en City Bell y una porción de un automóvil usado, asegurando no poseer deudas. Sin embargo, en la documentación correspondiente al año siguiente, el patrimonio se duplicó sustancialmente a partir de la adquisición de un vehículo tipo camioneta y de movimientos financieros que llamaron la atención de los investigadores.
La diputada Pagano argumentó en su presentación que el incremento patrimonial de Adorni resulta injustificable frente a los ingresos formales que percibía como trabajador del Estado. El punto más crítico de la acusación señala que el actual legislador canceló en un plazo de apenas doce meses un crédito hipotecario otorgado por el Banco Provincia por un monto aproximado de 60 millones de pesos. Para la denunciante, si bien el sueldo de la función pública podría llegar a respaldar la compra del nuevo rodado, resulta matemáticamente insuficiente para afrontar el pago de las cuotas destinadas a extinguir semejante deuda bancaria en tan poco tiempo.