En una nueva entrega de su programa, Marcelo Longobardi analizó con crudeza los datos revelados por el presidente de FOPEA, Fernando Stanich, sobre el alarmante estado de la libertad de expresión en Argentina. Según el informe titulado ‘El periodismo en riesgo’, las agresiones contra la prensa aumentaron un 55% durante el último año, alcanzando un récord histórico de 278 ataques en 2025. El periodista destacó la gravedad de este escenario, subrayando que se trata del nivel de hostilidad más alto registrado desde que se inició el monitoreo hace 18 años.
El relevamiento de FOPEA arrojó una cifra contundente sobre la responsabilidad institucional ya que el presidente Javier Milei fue el principal protagonista de estas acciones, concentrando 119 de los episodios denunciados. Stanich detalló que los ataques alcanzaron a un total de 374 víctimas y que más de la mitad de los casos corresponden a violencia ejercida de manera directa por el Estado.
Esta situación configura un escenario donde, según el informe, se utilizan recursos públicos y la arquitectura estatal para asfixiar la labor informativa mediante el hostigamiento judicial.
Durante su intervención, Longobardi expresó su preocupación por el paralelismo que encuentra entre el comportamiento del actual mandatario y el de la gestión kirchnerista. “Yo cada vez encuentro más paralelo el comportamiento de la época de los Kirchner y esta; eso pasa por lo general con un régimen que dice que viene a sustituir al anterior y termina pareciéndose”, sentenció el comunicador. Para el periodista, los límites de la tolerancia democrática se están superando, citando como ejemplo el cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada.
La organización advirtió que el mecanismo de hostigamiento no se limita a insultos, sino que incluye una estrategia combinada de estigmatización en redes sociales y presión económica. El uso de la pauta oficial y la exclusión discrecional de medios en eventos públicos funcionan, según Stanich, como un “cepo silencioso” que busca la autocensura antes que el debate. Esta deslegitimación pública facilita un clima de violencia digital que, según FOPEA, representa un riesgo inminente para la salud democrática de la sociedad argentina.