La Marcha Federal Universitaria fue masiva, exigió la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario aprobada en el Congreso a fines del 2025 y reclamó en contra del nuevo recorte que anunció semanas atrás el Gobierno de la Nación, quien en las últimas horas comenzó a evaluar enviar una oferta al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La intención del oficialismo comandado por Javier Milei es que dé marcha atrás con la cautelar que las instituciones de educación superior lograron obtener y de la que se espera que la Corte Suprema de Justicia exprese una respuesta. El presidente no da el brazo a torcer en relación al equilibrio fiscal, déficit cero, ajustes y motosierra pero la decisión que pueda tomar el ente mayor del Poder Judicial puede quebrar sus propósitos, ya que si el fallo es en contra deberá abonar una cifra estimada de 2,5 billones de pesos.
El conflicto comenzó en el décimo mes del 2025 cuando en el Palacio Legislativo la propuesta legislativa para la actualización del presupuesto para las universidades fue sancionado democráticamente por los miembros de la Cámara Baja y Alta en atención a la demanda creciente del sector estudiantil.
La Libertad Avanza pretendería ofertar una recomposición de sueldos correspondiente al 2025 e ignoraría las pérdidas ocasionadas en 2023 y 2024 con la condición de que revoquen la cautelar que está vigente y es analizada por la Corte Suprema. Por su parte, los gremios estudiantiles de la UBA (Universidad de Buenos Aires) continuaron con clases públicas en algunas sedes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y especulan con tomar medidas en la segunda parte del 2026 si no reciben noticias que cambien la ecuación.
En Modo Fontevecchia, programa conducido por Jorge Fontevecchia, el locutor Elián López Causero realizó el tradicional resumen de noticias y profundizó la información respecto a la propuesta económica que podrían recibir los centros de educación.
“Mientras la Corte Suprema analiza la demanda presentada por el debate interno de la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, el Ejecutivo acelera las negociaciones con los rectores en busca de una salida que permita desactivar el conflicto judicial“, comenzó diciendo al aire de NET TV.
Y concluyó: “En caso de que el máximo tribunal falle en contra del Gobierno, la gestión oficialista deberá desembolsar aproximadamente 2,5 billones de pesos a las universidades. El conflicto entre casa de estudio y los libertarios se mantiene desde octubre desde el 2025 cuando ignoraron la ratificación del proyecto de ley y comenzó su estrategia judicial para impedir la aplicación“.