En una reciente emisión de ‘Modo Fontevecchia’, el periodista Juan Cruz Soquiera presentó un informe sobre lo que denominó el ‘glosario prohibido’ de la administración de Javier Milei. Para contextualizar esta medida, el conductor Jorge Fontevecchia recordó que esta modalidad de control lingüístico ha sido común en regímenes históricos, citando incluso el glosario del Nacional Socialismo en la Alemania de 1930, donde el uso o la omisión de ciertas palabras servía para moldear la realidad política.
En la actualidad argentina, según expresó el columnista, esta bajada de línea ha desembarcado con fuerza en dos organismos técnicos fundamentales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Según detalló Soquiera, la censura en el SMN apunta directamente a los pilares de la ciencia meteorológica moderna. Palabras como ‘calentamiento global’ y ‘cambio climático’ han sido eliminadas del vocabulario oficial de los profesionales, debido a la postura negacionista que el presidente sostuvo durante su campaña y que ahora ha transformado en política de Estado. Fontevecchia aclaró que la restricción no implica un silencio absoluto, sino una sustitución terminológica ya que la palabra ‘cambio’ debe ser reemplazada por ‘variación’, un matiz semántico que diluye la responsabilidad humana en los fenómenos climáticos que la entidad debe, paradójicamente, estudiar.
El caso del INTA resulta aún más restrictivo, afectando conceptos esenciales para el desarrollo productivo y ambiental. Aunque no existe un decreto formal, el periodista explicó que la presión se ejerce a través de la edición de informes y el hostigamiento administrativo: “Esto no está formalizado, pero lo que se dice es ‘trata de cambiarlo, así no va a salir"”. Entre los términos vetados se encuentran ‘agroecología’, ‘sustentabilidad’, ‘biodiversidad’, ‘huella de carbono’ y ‘género’. Incluso programas históricos han sufrido recortes nominales; el término ‘Pro-Huerta’ ha sido prohibido, obligando a los técnicos a referirse a estos proyectos simplemente como ‘huerta’.
Finalmente, el experto advirtió sobre el peligro que esta ‘policía del lenguaje’ representa para la integridad profesional de los científicos estatales que al tener que autocensurarse para evitar represalias o la pérdida de su empleo, se pone en riesgo la calidad de la información pública. Desde los sindicatos y colectivos de trabajadores de ciencia y técnica han calificado la situación como ‘insólita’, confirmando que han llegado “bajadas de línea y retos” constantes para quienes intentan mantener la terminología académica tradicional.