En una nueva entrega de ‘Modo Fontevecchia’, el periodista Santiago Martínez Laino presentó un informe basado en datos oficiales de la plataforma Presupuesto Abierto, donde detalló las dependencias estatales con menor ejecución durante el ejercicio actual. Según explicó el analista, mientras la mayoría de las áreas superaron el 95% de uso de sus recursos, existen cuatro organismos emblemáticos que muestran cifras significativamente bajas.
Martínez Laino subrayó que este fenómeno ocurre en un contexto donde el Gobierno nacional, al no contar con una ley de presupuesto aprobada, ha ido modificando las partidas “a mano” y de forma discrecional.
El caso más crítico es el de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que registró una subejecución general del 60,49%, en donde el periodista detalló que, en lo que respecta a gastos de personal, solo se ejecutó el 1,6% de los fondos de los 5.309 millones de pesos asignados, apenas se utilizaron 67 millones. Esta falta de inversión coincide con la reciente inhabilitación del Puerto de Ushuaia mediante un decreto, un punto geográfico de alta sensibilidad política y estratégica. En el rubro de bienes de uso, destinados a infraestructura y equipamiento, la ejecución fue nula.
Otra de las áreas señaladas fue la Actividad Regulatoria Nuclear, un sector que el Gobierno promociona como estandarte para atraer inversiones de centros de datos y empresas tecnológicas como OpenAI. Sin embargo, los números contradicen el discurso oficial ya que en servicios personales solo se ejecutaron dos de cada tres pesos disponibles (66,90%), y en transferencias la cifra alcanzó apenas el 74,11%.
El experto también puso el foco en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organismo que ha mantenido un conflicto constante con la administración actual. El columnista vinculó la baja ejecución presupuestaria en esta área con una política deliberada de desfinanciamiento y reducción de la estructura estatal. Según los datos presentados, se eliminaron prácticamente el 80% de los beneficios destinados a los trabajadores del instituto, lo que impacta directamente en la capacidad del organismo para fijar estándares en el desarrollo industrial del país.