En una nueva entrega de ‘Longobardi’, Marcelo Longobardi se metió de lleno con el pedido que realizó la Fiscalía de indagar a cuatro sospechosos por las amenazas que recibió el periodista Hugo Alconada Mon tras revelar el plan de inteligencia de la SIDE. El fiscal federal Ramiro González solicitó hoy las indagatorias de tres hombres y una mujer sospechados de amenazar al prosecretario de Redacción de La Nación. El violento episodio ocurrió horas después de que el cronista revelara que el Gobierno de Javier Milei había elaborado un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que abría la puerta para espiar ilegalmente a opositores, economistas críticos, movimientos sociales y periodistas.
González consideró que existen indicios suficientes para indagar a Guido Morán, Mario Miguel Totilo, Braian Ezequiel Cardozo y Alicia Elena Scarpeccia, tras verificar que son los titulares de las líneas telefónicas desde las que Alconada Mon recibió amenazas e insultos el 25 y 26 de mayo del año pasado. En su dictamen judicial, el funcionario sostuvo, además, que la prueba reunida “acredita la intervención de los abonados telefónicos cuya titularidad les pertenece”, lo que constituye, a su criterio, “indicios suficientes” para presumir su participación directa en las conductas investigadas. Tras este requerimiento, el juez federal Daniel Rafecas deberá evaluar ahora si admite el pedido de la Fiscalía y cita a indagatoria a los cuatro acusados en los tribunales federales de Comodoro Py.
A partir de los registros públicos se lograron conocer los perfiles de los presuntos responsables del hostigamiento al periodista. Morán, el primer acusado, es un joven de 24 años, monotributista, con domicilio fiscal asentado en la ciudad de La Plata. Sin embargo, los informes comerciales reflejan que es oriundo de la localidad bonaerense de 9 de Julio, lugar donde su madre se desempeña actualmente como empleada de la Municipalidad.
A la lista de sospechosos se suma Cardozo, de 25 años, quien se encuentra dado de baja del régimen del monotributo. El rastreo de su línea telefónica determinó que posee su domicilio real en Charata, una ciudad de aproximadamente 40.000 habitantes que está ubicada en el sudoeste de la provincia de Chaco, a una distancia de más de 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, desde donde presuntamente se emitió uno de los ataques dirigidos al prosecretario de Redacción.
Entre los identificados por la Fiscalía también aparece Totilo, de 56 años, un empleado en relación de dependencia con domicilio en la localidad de Benavídez, provincia de Buenos Aires. En los registros públicos cotejados, Totilo figura como receptor de una asignación familiar durante la pandemia y ahora como afiliado a la obra social de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). Sin embargo, la Fiscalía detectó una importante inconsistencia: esa misma línea figura registrada en la plataforma Mercado Pago a nombre de Iván Miguel Totilo, un estudiante de 21 años, por lo que el usuario efectivo del teléfono podría ser él y no su padre.