En la última entrega de ‘Longobardi’ el periodista analizó el fuerte impacto de la Decisión Administrativa 20/2026 mediante la cual el Gobierno nacional oficializó un recorte de 78.768 millones de pesos en programas de la Secretaría de Educación. Esta medida se reglamentó en la previa de una nueva marcha universitaria y deja sin efecto las transferencias destinadas a obras de infraestructura clave para el sector. La mayor reducción presupuestaria recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización con una quita que supera los 35.000 millones de pesos lo que afecta directamente la ejecución de políticas educativas en las provincias.
El ajuste también suprimió el Fondo de Compensación Salarial Docente cuya función era equiparar los salarios mínimos de los maestros provinciales con una detracción de casi 9.000 millones de pesos.
Además el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas sufrió una baja que impactó en las becas estudiantiles mientras que la empresa estatal EDUC.AR S.A. registró una retracción de transferencias por 48.000 millones de pesos. Estas cifras configuran un escenario de desfinanciamiento que según Longobardi profundiza la crisis del sistema educativo público en todas sus escalas.
En lo que respecta estrictamente a las universidades nacionales la poda alcanzó los 5.303 millones de pesos en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento con obras suspendidas en trece instituciones. La Universidad Nacional de La Plata resultó la más perjudicada con una quita de 1.043 millones de pesos seguida por las casas de estudio de General San Martín Avellaneda Río Cuarto y Entre Ríos. Esta reducción de fondos se da en un contexto donde el presupuesto del programa Desarrollo de la Educación Superior acumula una caída real del 32,5% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
La brecha entre la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y el proyecto del Poder Ejecutivo muestra una diferencia sustancial en la proyección para el cierre de 2026. Según estimaciones del CEPA de haberse aplicado la norma legislativa el presupuesto universitario habría alcanzado los 8,49 billones de pesos permitiendo una recuperación plena del terreno perdido frente a la inflación. Por el contrario la propuesta oficial consolida un recorte en términos reales que implica un presupuesto un 35,1% inferior al que hubiera correspondido bajo la ley que el Ejecutivo considera inaplicable por falta de recursos.