En una nueva entrega de ‘Modo Fontevecchia’, el periodista Ariel Maciel presentó un informe sobre el incremento de los reclamos obreros donde detalló el registro de más de 2 billones de pesos en montos reclamados durante un período de 12 meses. La exposición subrayó cómo esta oleada de causas no responde a un alza en siniestros laborales, sino a evaluaciones médicas judiciales que superan en un 12,5% las normas oficiales, agravadas por tasas de interés desproporcionadas.
El periodista reveló que entre junio de 2024 y mayo de 2025 se notificaron 126.700 demandas, con una proyección de 130.000 nuevas en 2025 y un stock acumulado de 290.000 expedientes pendientes, equivalentes a 6,8 millones de salarios mínimos. Estas cifras, concentradas en distritos como Buenos Aires (40% del total), CABA (19%) y Santa Fe (14%), erosionan la productividad y amenazan la sostenibilidad del sistema de riesgos del trabajo, que protege a 10 millones de empleados y un millón de firmas, según los indicadores procesados.
La raíz del fenómeno, según el análisis, radica en la obsolescencia de la Ley 20.744, heredada de un modelo de 1933 que no se ajusta a la dinámica actual del empleo, fomentando incentivos para judicializar conflictos en tribunales saturados.
El colunmnista enfatizó que ninguna estructura empresarial soporta esta judicialización desbocada, pese a avances en prevención de accidentes, y abogó por la aplicación de los Cuerpos Médicos Forenses en las provincias para contener peritajes dependientes del poder judicial, como ocurre en Salta y Río Negro con tasas de litigiosidad notablemente inferiores.
Para contrarrestar esta dinámica, el segmento propuso reformas legislativas que equilibren el acceso a la justicia sin penalizar la generación de puestos, inspiradas en experiencias como la de Brasil, donde una modificación en 2017 redujo los casos entre un 32% y 42% al ajustar indemnizaciones y costos procesales.