AFA gate: confirman el tribunal de Casación que definirá quién debe investigar al ‘Chiqui’ Tapia
Marcelo Longobardi analizó la demora judicial para resolver la competencia en la causa por presunto fraude y lavado de dinero. Tras meses de recusaciones y apartamientos, los jueces Borinsky, Carbajo y Ledesma deberán decidir qué magistrado quedará a cargo de la investigación por la mansión de Pilar y el desvío de fondos millonarios.
En una nueva entrega de su ciclo matutino, Marcelo Longobardi se metió de lleno en las últimas novedades del ‘AFA Gate;, un expediente que atraviesa una delicada situación por las demoras de la justicia federal. La Cámara Federal de Casación confirmó finalmente la integración del tribunal que deberá resolver una cuestión de competencia que lleva cuatro meses paralizada tras definir qué ámbito de la justicia interviene en la investigación contra Claudio ‘Chiqui’ Tapia. El tribunal quedó conformado por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, quienes tendrán la responsabilidad de determinar si la causa queda en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, o si pasa al fuero penal económico bajo la subrogancia de Marcelo Aguinsky.
La causa se originó a partir de presuntos delitos de fraude por el desvío de unos 400 millones de dólares desde las cuentas del organismo en Estados Unidos hacia empresas fantasma. El magistrado que resulte designado deberá investigar, además, si esos fondos ilícitos fueron lavados mediante la compra de una mansión en Pilar valuada en 20 millones de dólares. La propiedad figura a nombre de una jubilada y su hijo, un monotributista y exdirigente de fútbol llamado Luciano Pantano, quienes actuarían como presuntos testaferros del entramado. Esta disputa por el “juez natural” ha provocado el apartamiento de varios magistrados, demorando el inicio de las pericias sobre los bienes investigados.
La conformación de la Sala I de Casación no estuvo exenta de fuertes polémicas y recusaciones. Inicialmente, el juez Carlos Mahiques renunció a su reemplazo tras ser señalado por supuestamente festejar su cumpleaños en la misma quinta de Pilar que está bajo la lupa judicial. En simultáneo, el juez Daniel Petrone decidió apartarse alegando vínculos sociales con los investigados. Estos movimientos expusieron la sensibilidad del caso y los nexos entre el poder deportivo y ciertos sectores de la justicia, lo que obligó a una reestructuración del tribunal para garantizar, al menos formalmente, la continuidad del trámite procesal.
Uno de los puntos más álgidos se dio con la recusación presentada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, contra la jueza Ángela Ledesma. Carrió argumentó que la magistrada posee vínculos con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, territorio donde el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, posee una influencia determinante. Sin embargo, los jueces Borinsky y Carbajo rechazaron el pedido de apartamiento, fundamentando que las afirmaciones de la denunciante eran “hipótesis conjeturales” sin anclaje en circunstancias verificables. El tribunal ratificó que la recusación es un mecanismo de excepción y que Ledesma debe permanecer como jueza natural del caso.
Con la integración firme, se espera que en los próximos días se resuelva el destino de la causa, mientras la defensa de Pantano intenta ahora recusar al fiscal Mario Villar. Longobardi concluyó que el avance de esta causa es clave para entender el entramado de corrupción que rodea al fútbol argentino, en un proceso donde cada movimiento de ficha en el tablero judicial parece responder a una estrategia de dilación sistemática.