En una nueva entrega de ‘Longobardi’, Marcelo Longobardi analizó el escandalo judicial que sacudió los cimientos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de que el juez penal económico Diego Amarante dictaminara el procesamiento de la cúpula directiva de la entidad, encabezada por su presidente, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, por la retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones previsionales que superan los $19.000 millones entre los años 2024 y 2025. Según la resolución, ambos dirigentes utilizaron sus facultades de administración para desviar fondos que debían ingresar al fisco, generando una disponibilidad de caja ilegal para la institución.
La justicia fue tajante al señalar que la conducta de los nombrados no fue un error administrativo, sino una “omisión deliberada” de tributos ya retenidos. El magistrado destacó que tanto Tapia como Toviggino contaban con un control absoluto sobre los movimientos financieros de la AFA, lo que les permitía decidir arbitrariamente la postergación de las obligaciones fiscales para priorizar otros gastos. En este sentido, la resolución de 140 carillas confirma que la entidad contaba con “amplia disponibilidad” de fondos provenientes de sponsors al momento de los vencimientos, lo que descarta cualquier argumento de asfixia económica que justificara el incumplimiento.
El procesamiento, que también alcanza al secretario general Cristian Malaspina y a los exdirectivos Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo, incluye embargos multimillonarios que ascienden a los 350 millones de pesos tanto para la AFA como persona jurídica como para sus máximos responsables.
Aunque los dirigentes permanecerán en libertad, el juez impuso restricciones severas ya que no podrán ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin permiso judicial y mantienen la prohibición de salida del país. Esta medida refuerza la posición de “garante” que, según el juez Amarante, Tapia incumplió al autorizar giros electrónicos sabiendo que existía una falta de pago reiterada.
Uno de los puntos más críticos del informe de Longobardi se centró en el rol del tesorero, cuya firma aparece en la totalidad de los cheques y transferencias de la Asociación. Para la justicia, su intervención directa en la administración de los fondos fue determinante para la concreción de las maniobras de apropiación indebida. El magistrado sostuvo que, aunque parte de la deuda de $19.300 millones esté en proceso de regularización, el delito se consumó en el momento exacto en que se vencieron los plazos de 30 días para depositar las retenciones, configurando un esquema de financiamiento espurio a costa del Estado.