En una nueva entrega de ‘Longobardi’, Marcelo Longobardi analizó los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que informó una inflación del 1,9% en junio. Sin embargo, el periodista destacó que, de haberse aplicado la metodología revisada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuya implementación fue suspendida a comienzos de este año, el resultado habría sido levemente superior. Según la consultora Equilibra, la inflación del sexto mes del año habría alcanzado el 2,1%, mientras que el acumulado del primer semestre se habría ubicado en 18%, frente al 16,8% informado por el organismo oficial.
El nuevo esquema metodológico había sido anunciado por el Gobierno a principios de año, aunque finalmente su entrada en vigencia fue frenada en febrero, coincidiendo con la publicación de los datos de enero. De acuerdo con la información presentada durante el programa, la actualización proponía reemplazar la canasta de consumo basada en datos de 2004 por otra elaborada a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, con el objetivo de reflejar de manera más precisa los hábitos de consumo actuales de la población. La decisión de suspender la modificación derivó en la renuncia de Marco Lavagna como director del Indec.
Uno de los principales cambios consistía en modificar la ponderación de distintos rubros dentro del IPC. Según el análisis expuesto, Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles habría incrementado su participación del 9,4% al 14,5%, mientras que Transporte habría pasado del 11% al 14,3%, otorgando mayor peso a combustibles y pasajes. También Comunicaciones habría aumentado su incidencia, del 2,8% al 5,1%, mientras que Alimentos y Bebidas habría reducido su participación del 26,9% al 22,7% dentro de la canasta utilizada para medir la inflación.
Durante el análisis Longobardi explicó que la diferencia entre ambas mediciones responde a que la nueva canasta otorga mayor relevancia a los servicios, un sector que registró importantes aumentos durante el proceso de actualización tarifaria impulsado por el Gobierno.
Esa modificación habría provocado una inflación más elevada y también tendría consecuencias sobre la política económica, ya que el IPC oficial es el indicador utilizado para definir el ritmo de ajuste de las bandas cambiarias, una referencia clave para las expectativas del mercado respecto del proceso de desaceleración inflacionaria.