Esta mañana, en una nueva entrega de ‘Longobardi’, Marcelo Longobardi analizó los avances de la investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni. El Ministerio Público Fiscal, bajo la conducción de Gerardo Pollicita, puso el foco en dos pilares: una serie de viajes al exterior y la compra de propiedades con pagos en efectivo. La Justicia incorporó recientemente los datos de la sucesión de Jorge Adorni, padre del funcionario, para determinar si los bienes heredados, un terreno en Daireaux y un departamento en La Plata, alcanzan para justificar el crecimiento patrimonial del Jefe de Gabinete, quien solo declaró ser titular del 33% de dichos inmuebles.
La investigación detectó inconsistencias graves al contrastar los datos judiciales con las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA). En su presentación de 2024, Adorni omitió la propiedad recibida por herencia y tampoco dio cuenta de la adquisición de su casa en el barrio privado Indio Cuá, a la que se mudó en julio de 2025. Según la declaración testimonial del contratista Matías Tabar, las refacciones de esta última vivienda demandaron diez meses de obra y un costo de 245.000 dólares, abonados íntegramente en efectivo y sin la emisión de facturas.
El flujo de divisas es el punto que más compromete la situación del funcionario. La fiscalía detectó movimientos por un total de 349.640 dólares en menos de un año, cifra que incluye los gastos de refacción, la compra de tres inmuebles y una agenda de viajes de lujo. Entre los consumos bajo la lupa figuran vuelos privados a Punta del Este, regresos desde Nueva York y vacaciones familiares en Aruba, donde se habrían pagado casi 15.000 dólares en efectivo entre traslados y hotelería. Estos montos contrastan con los ahorros declarados por Adorni, que apenas ascendían a 42.500 dólares al cierre del ejercicio anterior.
Para intentar equilibrar sus cuentas, el mandatario declaró un alto nivel de endeudamiento con particulares, incluyendo préstamos de su madre y de una jubilada de 95 años por montos superiores a los 40 millones de pesos. También figura una deuda por la compra de un departamento en Caballito, adquirido mediante hipotecas privadas y un pago pendiente de 65.000 dólares en efectivo.
La Justicia busca determinar si estos préstamos de terceros son reales o si funcionan como una estructura para encubrir ingresos que el funcionario no puede declarar formalmente.