En una nueva edición de ‘Modo Fontevecchia’, Jorge Fontevecchia conversó con el monseñor Roberto Pío Álvarez, obispo de Rawson, quien se refirió al proyecto de Ley de Tierras que será debatido mañana en el Congreso. La iniciativa tiene como objetivo determinar la titularidad catastral y dominial y la situación de posesión de las tierras rurales, además de establecer, respecto de personas físicas y jurídicas extranjeras, límites a la titularidad y posesión de esos terrenos, cualquiera sea su destino de uso o producción. Álvarez aclaró que no se trata de una posición personal, sino del resultado de reflexiones realizadas junto con la Pastoral Social y de encuentros con distintos sectores de la Patagonia.
El obispo explicó que entre las principales preocupaciones aparecen la extranjerización de las tierras, la Ley de Fuego y una nueva categorización de los desalojos, así como la forma en que podrían llevarse adelante. También mencionó cuestiones vinculadas con el aspecto legal y ambiental, particularmente ante situaciones en las que se limite la capacidad de intervención de los propietarios sobre sus terrenos por cuestiones relacionadas con la humedad, el desmonte o el uso del suelo.
En ese contexto, señaló que desde la Conferencia Episcopal también hubo distintos pronunciamientos de Endepa, la Pastoral Social y Cáritas, mientras que desde la diócesis se decidió acompañar las marchas previstas para el jueves en distintos puntos de la Patagonia.
Álvarez sostuvo que la Iglesia no se cierra al debate, pero cuestionó que algunas discusiones puedan resolverse de manera “muy apresurada” y desde grupos reducidos o ámbitos exclusivamente técnicos. En esa línea, planteó que el tratamiento de estos temas debería incorporar una discusión más amplia y recordó que, a partir de la información que revisó, la extranjerización de tierras ya constituye una realidad en distintos puntos del país. Mencionó casos en Neuquén, Salta y La Rioja, donde, según señaló, algunos departamentos vinculados con actividades turísticas, zonas periglaciares y áreas mineras ya habrían superado el 50% de tierras en manos extranjeras, de acuerdo con un estudio del Conicet al que hizo referencia durante la entrevista.
El obispo también cuestionó lo que definió como “cierta moda ideológica” y una “exacerbación de un modo de mirar las libertades individuales o la propiedad privada” que, a su entender, puede entrar en tensión con otras cuestiones. Su planteo se vinculó con las consecuencias que podrían tener las nuevas regulaciones sobre quienes poseen tierras rurales, especialmente en aquellos casos en los que determinadas restricciones ambientales reduzcan su capacidad de intervenir sobre sus propiedades y generen la necesidad de establecer mecanismos de indemnización. Para el entrevistado, estos aspectos requieren ser considerados dentro de una discusión que contemple las distintas dimensiones involucradas.