En una nueva entrega de ‘Modo Fontevecchia’, Jorge Fontevecchia dialogó con el Dr. Rodrigo Morabito, Juez de Menores de Catamarca, quien recientemente tomó relevancia nacional al enviarle una carta abierta al presidente Javier Milei. El eje del intercambio fue el proyecto impulsado por el Gobierno para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. El magistrado, con años de experiencia en el fuero juvenil, manifestó su profunda preocupación por una medida que considera ineficaz y que, según su visión, busca dar una respuesta simplista a un problema estructural de extrema complejidad.
Durante la entrevista, Morabito rescató los puntos más críticos de su pedido, señalando que la baja de la edad de imputabilidad no tendrá un impacto real en las estadísticas de inseguridad. “No va a traer una respuesta”, sentenció el juez, argumentando que la participación de menores en delitos graves es estadísticamente baja en comparación con los adultos.
Para el magistrado, se trata de una medida que responde más a una demanda social de “mano dura” que a un análisis técnico y científico sobre cómo prevenir la delincuencia juvenil en contextos de vulnerabilidad extrema.
Uno de los pilares de la reflexión compartida por Morabito en el aire de Net TV fue la ausencia del Estado en las etapas previas al conflicto con la ley penal. El juez planteó una contradicción fundamental en la política oficial ya que se busca endurecer las penas cuando previamente se han recortado recursos en áreas de asistencia, educación y contención. Según su carta, “es necesario invertir en la niñez antes de que llegue al delito“, sugiriendo que el sistema penal es el último eslabón de una cadena de fracasos institucionales que el proyecto actual no soluciona.
Asimismo, el magistrado alertó sobre el concepto de “populismo punitivo” y las consecuencias de encerrar a niños en un sistema carcelario que, lejos de resocializar, funciona como una “escuela del delito”. Morabito instó al Gobierno a reflexionar sobre las convenciones internacionales de derechos del niño a las que Argentina suscribe, las cuales priorizan la justicia restaurativa por sobre la retributiva. “Bajar la edad es una regresión en derechos“, sostuvo, advirtiendo que el Estado no puede ser únicamente un ente castigador cuando no ha cumplido con su rol de garante de derechos básicos.