La Conferencia Episcopal ecuatoriana mediará entre el gobierno y la CONAIE
Este jueves, se confirmó el diálogo entre los dos organismos que, hasta el momento, estaban en un "punto muerto", mientras que continúan las protestas en las calles desde el pasado lunes.
Mientras que en Ecuador continúa el conflicto que comenzó con incidentes el pasado lunes, trascendió este jueves que hay un principio de acuerdo: la Conferencia Episcopal ecuatoriana participará y oficiará de mediadora del diálogo, en un marco que hasta el momento es de “punto muerto”.
Se trata de una nueva instancia frente a un diálogo roto y que había quedado quebrado desde el 27 del corriente mes, a raíz de la muerte de un militar y el ataque contra un convoy que trasladaba combustible allí en el país. En pleno contexto, además, de la ida de Guillermo Lasso, presidente de la región, para tener una reunión con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAEI), organismo que propicia las protestas.
El mandatario había hecho algunas concesiones porque la situación crítica partió del aumento del combustible, propiamente en un país que exporta dicho material y que el 30% de su ingreso depende de esto. A Lasso le pidieron una rebaja en el precio del gasoil y la nafta: de USD$ 2,45 -promedio-, a USD$ 2,10. Pero, no sucedió.
No obstante, el presidente ecuatoriano anunció mayores recursos para la educación, la salud y otros ítems contemplados en una lista de diez pedidos. Hasta el momento, el diálogo para llevar a cabo estos temas quedó en un “parate” total, lo que desató destrozos en las calles durante la noche del miércoles: dos comisarías del norte de Quito fueron incendiadas por ataques explosivos, y los agentes lograron huir.
Además, cientos de indígenas se movilizaron en las seis provincias del norte y centro, las regiones más importantes en lo que respecta al tema petrolífero. Allí, se había dictado el “Estado de excepción”, que Lasso lo terminó levantando, y los disturbios se producen en coincidencia con esta protesta que lleva más de dos semanas, que ya reportan pérdidas para el sector público y privado de más de USD$ 500 millones.
