En la última edición de ‘Longobardi’, el periodista Marcelo Longobardi analizó con dureza la reacción de Javier Milei ante la confirmación de una presunta red de desinformación rusa operando en Argentina. El conflicto estalló tras la filtración de 76 documentos que revelan cómo la organización “La Compañía” presupuestó más de 280.000 dólares para publicar artículos falsos y distorsionados en más de 20 medios locales.
Sin embargo, el eje de la crítica de Longobardi no se limitó al espionaje extranjero, sino que se centró en la forma “violenta” en la que el Presidente utilizó su cuenta de X para señalar a comunicadores y medios como cómplices de una maniobra de gravedad institucional sin precedentes.
El mandatario aseguró que su gestión identificará a todos los actores “directos e indirectos” de esta red, calificando a los periodistas involucrados como apenas “la punta del iceberg” de un sistema de espionaje ilegal. Esta retórica fue la que despertó la alarma del periodista, quien advirtió sobre el peligro de que el Estado utilice una amenaza real a la seguridad nacional para perseguir o amedrentar a la prensa local.
En cuanto a la investigación técnica el presentador habló de los datos escalofriantes sobre la presunta gestión rusa que entre junio y octubre de 2024, se habrían orquestado informes sobre cuestiones militares, energéticas y sindicales con el fin de beneficiar intereses geopolíticos del Kremlin. La SIDE confirmó que el líder de esta estructura es Lev Konstantinovich Andriashvili, un ciudadano ruso radicado en el país con vínculos directos con el servicio de inteligencia exterior de Rusia (SVR) y el extinto grupo Wagner. A pesar de la contundencia de estas pruebas, la Embajada de Rusia en Buenos Aires emitió un comunicado desmintiendo los hechos y lamentando que “las posturas ideológicas” del gobierno de Milei enturbien las relaciones bilaterales entre ambas naciones.
Longobardi enfatizó que, aunque la existencia de una red de noticias falsas financiada por una potencia extranjera es un hecho repudiable, la actitud defensiva y el ataque generalizado del Ejecutivo hacia el ecosistema mediático argentino “embarran” la investigación. El periodista recordó que las denuncias originales, impulsadas por Patricia Bullrich y el abogado Jorge Monastersky, deben ser dirimidas en la Justicia con pruebas fehacientes y no mediante sentencias públicas que estigmaticen la labor de informar. El uso de identidades falsas y distorsiones para influir en la opinión pública es una táctica conocida del espionaje exterior, pero la respuesta del Estado no debería replicar esa misma agresividad.