En una nueva entrega de su programa, Marcelo Longobardi analizó con minuciosidad la reciente y polémica decisión fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti. El matrimonio ingresó al Régimen Simplificado de Ganancias previsto en la Ley 27.799, según constatan los registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El periodista puso el foco sobre los alcances de esta normativa y las suspicacias que despierta, dado que la pareja se encuentra actualmente bajo investigación de la Justicia por el incremento de su patrimonio.
La noticia, anticipada inicialmente por el periodista Hugo Alconada Mon, confirmó que Angeletti adhirió al sistema el pasado 31 de mayo para el período fiscal 2025, una estrategia que fuentes oficiales ratificaron que también adoptó el propio Adorni. Desde el entorno del jefe de Gabinete salieron rápidamente a desmentir que se trate de un “blanqueo” o que hayan depositado dólares ocultos mediante el mecanismo de Inocencia Fiscal. La defensa oficial argumenta que se trata de un trámite netamente operativo que permite delegar el cálculo del impuesto en el fisco para ganar tiempo y simplificar el proceso.
A pesar de las justificaciones oficiales que aseguran que “no se va a meter un solo dólar” y que el origen de sus fondos para adquirir inmuebles se explica, en parte, por la tenencia de criptomonedas, el análisis periodístico revela una conveniencia clave detrás de la jugada. El mayor beneficio al que accedería el matrimonio al ser aceptado en este régimen es el denominado “tapón fiscal”. Esta herramienta legal bloquearía la capacidad de ARCA para revisar retroactivamente los movimientos de períodos anteriores, blindando específicamente el año 2025, justo el ejercicio donde la Justicia detectó las presuntas inconsistencias.
Longobardi destacó una contradicción temporal en el relato oficial que busca ligar el trámite con la Ley de Inocencia Fiscal. Si bien dicha ley contempla la posibilidad de declarar activos no exteriorizados sin sanciones penales, la realidad técnica indica que durante el año 2025 no era legalmente posible “sacar dólares del colchón” bajo ese concepto, ya que la mencionada legislación recién obtuvo su aprobación en febrero de este año. Este desfasaje de fechas añade una cuota de misterio sobre la verdadera naturaleza de los movimientos patrimoniales que el funcionario intenta regularizar.
Finalmente, las miradas están puestas en los próximos pasos administrativos del vocero presidencial, cuya presentación de la declaración jurada final promete ser inminente. Desde su círculo íntimo aseguran que el trámite concluirá hacia el final de esta semana, fijando como fecha límite antes del 15 de junio debido al feriado.