Convocatoria urgente por la intervención en la Universidad de Abuelas de Plaza de Mayo
En el día de ayer y tras conocerse la noticia, las Madres de Plaza de Mayo, la militancia y la comunidad que lucha por los derechos humanos, protestaron contra el accionar del gobierno de Javier Milei y se concentraron para defender la autonomía del centro educativo. Los detalles los dio Bruno Ghiso para el móvil de 'Modo Fontevecchia'.
En una movida política que ha generado gran controversia, el gobierno de Javier Milei ha intervenido la Universidad de Abuelas de Plaza de Mayo, una institución educativa emblemática en la defensa de los derechos humanos en Argentina. La noticia, revelada por el periodista Bruno Ghiso en el programa radial “Modo Fontevecchia”, ha desatado una ola de reacciones tanto a nivel nacional como internacional.
La decisión de intervenir la universidad se basa en una serie de alegaciones de irregularidades en la administración de fondos y en la gestión académica. Según Ghiso, las autoridades gubernamentales han señalado problemas en la rendición de cuentas y en la aplicación de los recursos destinados a la institución. Estas acusaciones han llevado a la intervención con el objetivo de auditar y reformar la administración de la universidad.
La Universidad de Abuelas de Plaza de Mayo, fundada en 2002 por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, tiene un papel crucial en la formación de nuevas generaciones en temas de derechos humanos, memoria histórica y justicia social. Esta institución, creada por las icónicas Abuelas de Plaza de Mayo —que han luchado incansablemente durante décadas por la aparición de sus nietos y la justicia por los desaparecidos durante la dictadura militar— se ha convertido en un símbolo de resistencia y compromiso con la verdad y la justicia.
La intervención del gobierno ha sido criticada por varios sectores que ven en ella un intento de desestabilizar una de las principales voces en la defensa de los derechos humanos en Argentina. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que sigue siendo un referente en la lucha por la memoria y la justicia, ha expresado su preocupación por cómo esta medida podría afectar la misión educativa y la integridad de la universidad.
En respuesta, el gobierno ha afirmado que la intervención busca garantizar una gestión transparente y eficiente, pero las dudas sobre sus verdaderas motivaciones persisten. La comunidad académica y los defensores de los derechos humanos están atentos a los próximos pasos y al impacto de esta decisión en la labor de la universidad y en la memoria histórica del país.
