El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad en medio del colapso de las cárceles
La periodista Amanda Alma alertó sobre la grave crisis de hacinamiento en las cárceles argentinas, advirtiendo que reducir la edad de imputabilidad a 13 años podría agravar un sistema ya colapsado. Su informe subraya que, sin inversión en infraestructura ni recursos, la reforma corre el riesgo de profundizar la vulneración de derechos.
En una nueva entrega de ‘Modo Fontevecchia’, la periodista Amanda Alma presentó un pormenorizado informe sobre la situación crítica de las cárceles en Argentina, en el marco del proyecto que el Gobierno envió al Congreso para debatir un nuevo Régimen Penal Juvenil. La reforma oficialista propone, como eje central, la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años, bajo la premisa de terminar con la impunidad en delitos graves cometidos por menores. Sin embargo, Alma advirtió que esta iniciativa aterriza en un contexto de saturación extrema del sistema, donde la capacidad de alojamiento está largamente sobrepasada.
La investigación presentada por la periodista destaca que el encarcelamiento en Argentina ha alcanzado niveles récord, con provincias que presentan indicadores alarmantes. Según el informe, Córdoba lidera el ranking nacional con 377 presos cada 100 mil habitantes, una cifra que supera la media nacional y pone de manifiesto una política criminal de ‘encierro masivo’. Este fenómeno de sobrepoblación no solo afecta a los adultos, sino que condiciona cualquier intento de reforma que pretenda sumar nuevos perfiles a un sistema que ya se encuentra al borde del colapso operativo.
El proyecto de ley del Gobierno nacional busca reemplazar la normativa vigente desde 1980 y contempla penas máximas de hasta 20 años para menores, dependiendo de la gravedad del delito. Para Amanda, el debate no puede reducirse únicamente a la edad, sino que debe contemplar la falta de infraestructura y recursos. La periodista subrayó que el incremento sistemático de la población carcelaria en distritos como Córdoba demuestra que el sistema judicial está enviando más personas a prisión de las que el servicio penitenciario puede gestionar de manera digna y eficiente.
Además, la periodista hizo hincapié en que el hacinamiento vulnera los derechos humanos básicos y dificulta cualquier posibilidad de reinserción social, objetivo primordial de cualquier régimen juvenil. La propuesta del Gobierno incluye la creación de establecimientos especiales para menores, pero la realidad presupuestaria y la crisis habitacional en las cárceles actuales generan serias dudas sobre su implementación.
Alma señaló que, sin una inversión real en infraestructura, la baja de la imputabilidad corre el riesgo de convertirse en un agravante del caos que hoy se vive en las comisarías y penales del país.
