Núñez: El terreno del centro de salud mental n°1 salió en subasta pública y los trabajadores se manifestaron en repudio al cierre
Este terreno había sido intentado subastar en 2013, sin éxito, y nuevamente en 2018, aunque sin concretarse. La reciente decisión, basada en un decreto de octubre del corriente año, reavivó la amenaza de que el centro de salud desaparezca. La cobertura de Juan Cruz Soqueira para "La Previa".
El Centro de Salud Mental N°1, ubicado en el barrio porteño de Núñez, se encuentra en grave peligro de cierre tras haberse realizado una subasta pública del terreno donde se encuentra el nosocomio, en la intersección de Manuel Pedrazza y Avenida Libertador. El anuncio de esta subasta generó gran preocupación tanto entre los trabajadores de la salud como entre los pacientes, quienes ven en riesgo la atención y el tratamiento psicológico que reciben en este centro.
El periodista de “La Previa”, Juan Cruz Soqueira, cubrió la noticia desde el lugar de los hechos, mostrando el descontento y la incertidumbre de quienes dependen de este centro. En su informe, el cronista destacó que en la zona se están llevando a cabo diversas construcciones de edificios y torres, lo que ha incrementado la presión para destinar el terreno a proyectos inmobiliarios.
Sin embargo, este terreno había sido intentado subastar en 2013, sin éxito, y nuevamente en 2018, aunque sin concretarse. La reciente decisión, basada en un decreto de octubre de 2024, reavivó la amenaza de que el centro de salud desaparezca.
Los trabajadores del centro fueron entrevistados por Soqueira y expresaron su rotundo rechazo a esta situación, alertando sobre las consecuencias negativas que tendría el cierre de un espacio fundamental para la atención de la salud mental en la comunidad. “No solo perderíamos un centro de atención indispensable, sino que también se vulneraría el derecho a la salud de cientos de personas”, comentó un integrante del personal médico.
La subasta del terreno no solo pone en riesgo el futuro del Centro de Salud Mental N°1, sino que también plantea interrogantes sobre el modelo de ciudad que se está promoviendo, priorizando la urbanización y el negocio inmobiliario por encima de los derechos básicos de los ciudadanos. La comunidad sigue esperando una respuesta oficial que garantice la continuidad de este servicio esencial.
