En una nueva emisión de su programa, Marcelo Longobardi se metió de lleno en el terreno judicial para analizar la reciente decisión que afecta directamente el futuro de Martín Insaurralde, ya que el juez federal Luis Armella dictó la prohibición de salida del país tanto para el exintendente de Lomas de Zamora como para su expareja, la modelo Jésica Cirio. Si bien la medida restringe severamente sus movimientos en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el magistrado optó por no hacer lugar al pedido de detención inmediata que había sido formalmente requerido por el fiscal Sergio Mola.
La resolución judicial impone condiciones estrictas para los imputados, quienes a partir de ahora deberán cumplir con la obligación de no ausentarse de un radio de cincuenta kilómetros de los domicilios que declararon ante la Justicia. En caso de requerir un traslado mayor, ambos tendrán que solicitar una autorización judicial previa. Asimismo, el dictamen establece que están obligados a comunicar formalmente al Tribunal, y con suficiente antelación, cualquier tipo de desplazamiento que implique una ausencia superior a las veinticuatro horas de sus respectivas residencias.
La postura del Ministerio Público Fiscal reflejaba una preocupación mayor respecto al comportamiento de los involucrados durante el proceso. En su requerimiento de detención, el fiscal Mola había argumentado con firmeza que existía un riesgo real y latente de que los acusados pudieran entorpecer la investigación. Específicamente, la fiscalía alertó sobre la posibilidad de manipulación, destrucción, ocultamiento o alteración de pruebas clave, elementos que justificaban, a su criterio, una medida de prisión preventiva que finalmente fue desestimada por el juez.
El avance de la causa penal cobró un nuevo impulso a partir de la difusión de videos grabados en 2023, donde se visualizan importantes fajos de dólares ocultos en el vestidor de la propiedad de Insaurralde en un barrio privado de San Vicente. A raíz del hallazgo de este material audiovisual, las autoridades ordenaron allanamientos en domicilios vinculados a Cirio y al financista Elías Piccirillo, además de disponer el peritaje técnico sobre el teléfono celular que la modelo entregó voluntariamente. Los investigadores intentan certificar el monto exacto exhibido en las imágenes, el cual estiman de forma preliminar en unos diez millones de dólares.
El entramado de la investigación también salpica de forma colateral a Piccirillo, un financista que entabló una relación de pareja con Cirio con posterioridad a su divorcio del dirigente político. Actualmente, Piccirillo se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en el marco de otra causa penal donde se lo acusa de haber armado un operativo ilegal para imputar falsamente por narcotráfico a un acreedor a quien le debía dinero. En lo que respecta al expediente principal, identificado como FLP 38935/2023, la Justicia mantiene la lupa sobre Insaurralde por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, auditando detalladamente todo su patrimonio entre los años 2009 y 2023.