El Gobierno adoptó un riguroso control de los subsidios: rechazo de solicitudes y monitoreo por zonas
A través del Ministerio de Economía de la Nación, el oficialismo le dijo que no a las casi 18 mil solicitudes de lugares altos ingresos para obtener los subsidios y extiende hacia Neuquén la metodología de detección de ingresos patrimoniales de los hogares que sí puedan abonar el costo de los servicios, tal como rige en el AMBA, Ciudad y en Córdoba.
La situación socioeconómica de la República Argentina alarma a las personas de clase baja y media que constantemente sufren los incrementos de los servicios esenciales, el transporte público, las medicinas prepagas, entre otros rubros. En un septiembre que llegó con aumentos, el Gobierno continúa adelante con la quita y el control riguroso de los solicitantes de subsidios en las tarifas de luz, gas y electricidad.
Mediante su sistema de monitoreo, el oficialismo logró detectar alrededor de 18.000 solicitudes devenidos de barrios privados y dará de baja un millón de peticiones. Esta metodología se prolongará a la provincia de Neuquén y le quitará el beneficio estatal a 500 individuos, además de considerar la depuración de trámites incompletos de aquellos que jamás fueron asistidos.
Muchas de los hogares que pidieron el subsidio residen en zonas como Puerto Madero y countries pertenecientes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la provincia de Córdoba. La medición realizada consta en lograr definir las familias que sí pueden costear los valores de los servicios sin ningún problema y no necesitan de ayuda económica del Estado.
En Modo Fontevecchia, programa conducido por Jorge Fontevecchia, Mónica Arroyo profundizó la información en el habitual resumen de noticias: “Mediante el Ministerio de Ecomomía de la Nación, el Gobierno oficializó un nuevo régimen de subsidios energéticos focalizados para cruzar datos patrimoniales y geográficos de los usuarios de todo el país“, comenzó diciendo la locutora.
Y agregó al aire de NET TV: “El Palacio de Hacienda busca dar de baja de forma automática los beneficios de luz y gas en aquellas zonas residenciales de altos ingresos o propiedades que no cumplan con los nuevos topes de asistencia. La normativa establece un periodo de gracia para que los usuarios afectados puedan corregir sus datos o solicitar una revisión formal en caso de exclusiones incorrectas“.
