Piden la detención de “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por asociación ilícita y lavado de dinero
Marcelo Longobardi analizó el dictamen del fiscal federal de Santiago del Estero, que acusa a la cúpula del fútbol argentino de desviar 3.600 millones de pesos a través de empresas fantasma. El pedido alcanza a 24 personas y solicita la inhibición de bienes.
En una nueva entrega de su ciclo, Marcelo Longobardi se metió de lleno en la causa judicial que sacude al fútbol argentino tras el pedido de detención formulado por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, contra el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino. El análisis se centró en un dictamen de 181 carillas que sostiene la existencia de una organización criminal dedicada a la asociación ilícita agravada y el lavado de activos, maniobras que se habrían ejecutado al menos entre 2018 y 2026.
La fiscalía describió un sistema de defraudación en el que la AFA transfirió más de 3.633 millones de pesos a sociedades como SOMA, MALTE y SEGON, controladas por personas del entorno íntimo del tesorero. Según la acusación, estas firmas funcionaban como empresas pantalla que emitían facturas por servicios inexistentes para justificar los giros de fondos. Para dificultar el rastro del dinero, el fiscal detalló que las sociedades realizaban operaciones entre sí antes de canalizar el efectivo hacia los verdaderos beneficiarios finales.
En cuanto a los roles, el dictamen señala a Toviggino como el “jefe” de la asociación ilícita, quien habría utilizado estas sociedades para adquirir bienes, como propiedades en Santiago del Estero y una casaquinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares, poniéndolos a nombre de testaferros para ocultar su origen. Por su parte, la imputación contra Tapia sostiene que, en su carácter de presidente de la AFA, habría convalidado y autorizado las transferencias de fondos a sabiendas de la ilicitud de las operaciones, facilitando así la sustracción de recursos de la institución.
El impacto del pedido judicial es masivo, ya que el fiscal solicitó la detención de 24 acusados y la inhibición general de bienes para todo el grupo. Esta medida busca desarticular la estructura societaria y patrimonial que, según la investigación, fue montada exclusivamente para captar y blanquear dinero de origen espurio en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino. La fiscalía subraya que el entramado contaba con una coordinación estable y esencial entre todos los integrantes para sostener la operatoria a lo largo de los años.
El expediente, iniciado en diciembre de 2025 tras una denuncia particular, se encuentra ahora en manos del juez federal de la provincia, quien deberá resolver sobre el pedido de arresto y el secreto de sumario solicitado. Con la presentación formal de estas pruebas y la magnitud de la estructura delictiva denunciada, el caso marca un punto de inflexión judicial que pone a la actual conducción de la AFA frente a una instancia decisiva, donde la resolución del magistrado determinará el futuro inmediato de los dirigentes implicados.
